Paco Hernández / Reportero de Guardia
Pocos son los que entienden que, en Hidalgo, de modificarse la Ley de Movilidad para que puedan ingresar plataformas de transporte público, como Uber o Didi, traería un grave costo político-electoral para el gobierno en turno, de Morena, rumbo a las elecciones del 2027.
No es un secreto que los llamados “Inversionistas Electorales” acaparan la mayor parte de las concesiones del transporte público, a través de prestanombres.
Cifras exactas, no hay, ni las habrá, porque son miles las concesiones que se han otorgado a lo largo de los últimos 35 años, como pago de favores – o estímulos- a políticos, empresarios e inversionistas que coadyuvan en procesos electorales para alcanzar los objetivos planteados.
¿Cuáles objetivos?, pues los triunfos en elecciones de presidencias municipales, diputaciones locales, diputaciones federales, senadurías y hasta de la gubernatura del estado.
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Un tema fácil de explicar, y también fácil de entender, si decimos con claridad que las “aportaciones” que realizan, se multiplican rápidamente, a lo largo de cada sexenio en turno.
¿Qué tipo de inversiones?, pues sencillo de explicar: Los pagos que tienen que ver con acarreo de gente, publicidad, refrigerios para asistentes a mítines, gasolinas, compra de vehículos para campañas, desayunos, comidas y cenas grupales, y hasta el efectivo que -se ha denunciado- entregan a los electores para que acudan a las casillas a votar por ellos.
Algo que es de conocimiento de la sociedad hidalguense, y de lo que ya, lamentablemente, se han estado acostumbrando.
¿Nombres, nombres, nombres…? No. Ni pensarlo en exhibirlos. Sería como poner en riesgo la integridad física del Reportero de Guardia, y de eso no se trata.
Pero son ellos, los llamados “Inversionistas Electorales”, los que estarían en riesgo de afectar sus intereses y perder sus millonarias ganancias si se presenta y aprueba una iniciativa para modificar la Ley de Movilidad, para permitir que las plataformas digitales de servicio de transporte público, como Didi y Uber, entren en funcionamiento en Hidalgo.
Por eso dudo mucho que llegue alguna iniciativa al Congreso del Estado, y lo que es más importante, que se apruebe, ahora que ya tenemos en puerta el proceso electoral para renovar no sólo la Gubernatura del Estado, sino también la Cámara de Diputados local y las diputaciones federales.
Llevar la iniciativa al Congreso del Estado, pero sobre todo aprobarla, significaría poner en riesgo el triunfo en los principales municipios, como Pachuca, Tulancingo, Tula de Allende, Tizayuca, Ixmiquilpan, Huejutla y otros no menos importantes.
De acuerdo con cifras que se dieron, el pasado 6 de mayo, en esta columna, con el título Transporte público; entre mafia y mal servicio… más de 23 mil unidades forma parte, en la entidad, del Transporte Convencional.
En este rubro, se incluyen taxis, colectivas, camiones pipa, grúas y hasta transporte escolar.
Con dicho número de vehículos, viajan a diario ¡2 millones de personas! en Hidalgo. En palabras claras: Un mundo de gente.
De las 23 mil concesiones, 10 mil corresponden a taxis; de 11 a 12 mil, a colectivas (llamadas combis), y un mil son pipas, grúas y transporte escolar.
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Los datos son extraoficiales, pero son reales, muy apegados a las estadísticas con las que cuenta la Secretaría de Movilidad y Transporte (SEMOT) de Hidalgo.
Si bien el gobernador Julio Menchaca ya advirtió a los transportistas que, si no se ponen las pilas y mejoran el servicio, se puede modificar la ley para permitir la entrada a las plataformas como Didi y Uber, la realidad es que poco o nada ha cambiado.
En la calle siguen circulando taxis en muy mal estado físico y mecánico, aunado a los cobros excesivos que, denuncian los usuarios, se ha hecho común.
La gran ventaja es que la advertencia, ya está, y sobre advertencia, no hay engaño.
¿Cuándo? Eso sí quién sabe…
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