Max Pèrez / Punto Táctico
Las casas abandonadas se han convertido en un problema que va más allá del deterioro urbano en Pachuca y Mineral de la Reforma, pues detrás de las fachadas descuidadas, los inmuebles deshabitados y las viviendas ocupadas irregularmente existe un riesgo para quienes viven en los alrededores: espacios que pueden ser aprovechados para el consumo y la venta de drogas, además de otras actividades ilícitas. El problema no es nuevo, pero las propias autoridades han reconocido que todavía no consiguen contenerlo.
Durante su comparecencia ante el Congreso de Hidalgo, el pasado 15 de octubre, el secretario de Seguridad Pública estatal, Salvador Cruz Neri, admitió que algunas viviendas abandonadas son utilizadas como puntos de narcomenudeo y consumo de estupefacientes. Mencionó casos en Los Tuzos y Chavarría, en Mineral de la Reforma, así como en municipios como Tizayuca y Tolcayuca.
Explicó que las denuncias ciudadanas han permitido identificar inmuebles y realizar cateos, aunque el problema persiste porque existen numerosas casas deshabitadas. La advertencia no se limita a la venta de drogas, pues cuando un inmueble permanece sin vigilancia, puede convertirse en un espacio propicio para invasiones, vandalismo o reuniones relacionadas con actividades ilícitas.
Esto no significa que toda vivienda desocupada represente un peligro, pero sí que la falta de mantenimiento, supervisión y atención a los reportes vecinales puede agravar las condiciones de inseguridad en una colonia. Para las familias que viven junto a estos lugares, el problema se traduce en preocupación cotidiana y en la incertidumbre de no saber qué ocurre dentro de una casa que permanece cerrada o fue ocupada irregularmente.
El tema ya había llegado al Congreso local en noviembre de 2024. En aquella ocasión, la diputada Johana Montcerrat Hernández Pérez señaló que en Pachuca existían viviendas en abandono en colonias como Villas de Pachuca, C. Doria y El Palmar, mientras que en Mineral de la Reforma identificó a La Providencia y la zona sur del municipio. La legisladora advirtió que estos inmuebles se convertían en focos de inseguridad y pidió impulsar mecanismos para regularizar las viviendas existentes.
Casi dos años después, el señalamiento volvió a aparecer en la agenda legislativa, ahora con el reconocimiento de la Secretaría de Seguridad sobre el uso de algunas de estas propiedades para actividades relacionadas con drogas.
A la problemática se suma la falta de cifras precisas, por ejemplo, en febrero de este año, el alcalde de Mineral de la Reforma, Eduardo Medécigo Rubio, anunció la realización de un censo para identificar casas abandonadas o invadidas, al reconocer que el municipio no contaba con un número exacto de inmuebles en esas condiciones. El anuncio ocurrió después de un conflicto en el fraccionamiento San Luis II, donde vecinos desalojaron a presuntos invasores y quemaron algunas de sus pertenencias en la vía pública.
Sin embargo, hasta ahora, no hay resultados públicos que permitan conocer cuántas viviendas fueron identificadas mediante ese levantamiento ni en qué fraccionamientos se concentra el problema.
La respuesta institucional enfrenta, además, obstáculos legales, pues el jefe policial en el estado explicó que para ingresar a determinados inmuebles se requiere una orden judicial de cateo. Por su parte, el alcalde de Mineral de la Reforma señaló que el ayuntamiento no puede entrar por cuenta propia a una propiedad privada ni recuperar una vivienda sin seguir el procedimiento correspondiente.
Es decir, aunque los vecinos reporten situaciones de riesgo, la intervención depende de la naturaleza de los hechos, de las facultades de cada autoridad y, en determinados casos, de la actuación de los propietarios o las instituciones financieras.
Sin embargo, la complejidad jurídica no puede convertirse en una razón para dejar que el problema se prolongue indefinidamente. Hace falta conocer cuántas denuncias se reciben, cuántos inmuebles han sido intervenidos, qué resultados han tenido los cateos y qué ocurre después de los operativos. También es necesario que las autoridades municipales, estatales y las instancias responsables de las viviendas establezcan mecanismos de seguimiento para evitar que una casa asegurada sea sustituida por otra cercana como punto de actividades ilícitas.
El propio secretario reconoció que los cateos, por sí solos, no resuelven el problema y que las casas abandonadas no son únicamente una cuestión de propiedad privada ni un asunto que deba atenderse cuando ya ocurrió un delito.
También representan un desafío de prevención y convivencia urbana, ya que mientras no exista un diagnóstico actualizado, será difícil dimensionar la magnitud del fenómeno y evaluar si las acciones oficiales funcionan. La pregunta para las autoridades de Pachuca y Mineral de la Reforma es sencilla: ¿cuántas viviendas permanecen abandonadas, cuántas se han convertido en puntos de riesgo y qué se está haciendo para recuperar esos espacios? Los vecinos necesitan algo más que operativos ocasionales. Requieren respuestas, seguimiento y condiciones que les permitan vivir con tranquilidad.
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