Metal Político / Antares Cervantes
En México, ser periodista sigue siendo una profesión de alto riesgo. No es una percepción, son cifras. ARTICLE 19 documenta 181 periodistas asesinados desde el año 2000, en posibles hechos relacionados con su labor. De ellos, 14 corresponden al gobierno de Claudia Sheinbaum, mientras que durante los gobiernos de Andrés Manuel López Obrador se registraron 47; Enrique Peña Nieto, 47; y Felipe Calderón, 48.
Pero hay un dato todavía más preocupante: la impunidad. La UNESCO señala que apenas alrededor del 12% de los crímenes contra periodistas en México han sido resueltos judicialmente. Es decir, en la enorme mayoría de los casos matar a quien informa continúa sin producir consecuencias proporcionales para los responsables.
El problema tampoco terminó con el cambio de gobierno. En 2024 ARTICLE 19 documentó 639 agresiones contra la prensa y cinco periodistas asesinados. En 2025 fueron 451 agresiones, una desaparición y siete asesinatos.
Y 2026 volvió a encender las alarmas. En julio, UNESCO condenó los asesinatos de periodistas como Josué Martínez Contreras y Manuel Alejandro Moreno Serna, mientras ARTICLE 19 registró como más reciente el homicidio de Francisco Alejandro Leyva Aguilar, ocurrido el 22 de julio.
Aquí conviene ser objetivos: no es correcto afirmar que el actual sexenio ya es el más letal para la prensa. Los números absolutos todavía no lo sostienen. Pero tampoco puede presentarse como un problema resuelto. Catorce periodistas asesinados en menos de dos años de administración constituyen una señal de alarma que exige resultados.
México cuenta con mecanismos de protección y una fiscalía especializada, pero la existencia de instituciones no equivale a eficacia. UNESCO reconoce ocho mecanismos nacionales relacionados con prevención, protección y persecución de estos delitos; sin embargo, la baja proporción de casos judicialmente resueltos demuestra que la protección sigue siendo insuficiente.
El Estado no puede limitarse a condenar cada asesinato después de ocurrido. Debe prevenir, investigar y castigar. Porque cuando matar a un periodista tiene pocas consecuencias, el mensaje no sólo alcanza a quien sostiene una cámara, un micrófono o una computadora: alcanza a toda una sociedad que tiene derecho a saber.
La libertad de prensa no se defiende con discursos. Se defiende evitando que informar se convierta en una sentencia de muerte.
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