Max Pérez / Punto Táctico
Tres muertes en centros penitenciarios de Hidalgo en los últimos meses han vuelto a poner bajo la lupa las condiciones dentro de las cárceles estatales. Aunque las causas son aparentemente naturales, existe un elemento común: ocurrieron mientras las personas estaban bajo custodia del Estado. Estos casos ocurrieron en Pachuca, Tulancingo e Ixmiquilpan y de acuerdo con la propia Procuraduría General de Justicia del Estado de Hidalgo, las causas de muerte según las necropsias, fueron a causa de fallos cardíacos.
Y es que en prisión, la responsabilidad pública no se limita a impedir fugas o mantener el orden, también implica garantizar atención médica, detectar riesgos, prevenir autolesiones y responder oportunamente ante cualquier emergencia.
No se trata de adelantar conclusiones ni atribuir responsabilidades sin una investigación de por medio. Cada fallecimiento debe ser analizado de manera individual por las autoridades competentes. Sin embargo, estos casos ocurren en un contexto que ya había sido advertido por la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Hidalgo (CDHEH): existen centros donde la atención médica enfrenta limitaciones por falta de personal, infraestructura o capacidad de respuesta.
El Informe Anual de Centros de Reinserción Social y de Internamiento para Adolescentes 2025 documentó que entre las principales problemáticas del sistema penitenciario hidalguense se encuentran las deficiencias en los servicios de salud, la falta de personal médico, problemas de infraestructura y carencias en equipamiento básico.
Uno de los puntos más delicados es que varios centros cuentan con consultorios, pero no necesariamente con médicos permanentes. En algunos casos, la atención depende de traslados a hospitales externos o del apoyo de instituciones de salud.
De acuerdo con el último diagnóstico penitenciario, en el CERESO de Actopan, por ejemplo, la CDHEH señaló que existía consultorio médico, pero no personal de medicina adscrito ni área de enfermería; la atención dependía de servicios externos como el Centro de Salud y el Hospital General de Actopan. Además, advirtió que ante enfermedades crónico-degenerativas, accidentes e incidentes, la falta de profesionales de la salud genera ausencia de atención inmediata y un seguimiento inadecuado.
El panorama se repite en otros centros, pues en Huichapan se reportó que no existía médico adscrito ni un área formal de enfermería; incluso, la administración de medicamentos recaía en personal de custodia.
En Tulancingo, el diagnóstico documentó que el centro no contaba con profesionales de salud adscritos y que tres personas privadas de la libertad con formación en el área médica brindaban atención a la población penitenciaria.
Estos datos muestran que estar privado de la libertad no significa perder el derecho a recibir atención médica oportuna y adecuada. La obligación del Estado no termina al cerrar una celda; por el contrario, cuando una persona está bajo custodia, la responsabilidad de garantizar su integridad aumenta.
También existen centros con mejores condiciones, pues el CERESO de Pachuca varonil, por ejemplo, reportó contar con personal médico adscrito, dos enfermeras y un pasante de enfermería, además de consultorio, área de emergencias y medicamentos. La diferencia entre un centro y otro evidencia que el problema no es solamente presupuestal, sino también de planeación, distribución de recursos y capacidad institucional.
Las muertes naturales dentro de los penales deben abrir una discusión seria: ¿existen protocolos suficientes para atender enfermedades crónicas?, ¿hay médicos disponibles las 24 horas?, ¿los traslados hospitalarios ocurren con rapidez?, ¿se cuenta con expedientes clínicos completos y seguimiento permanente?
Entonces, si el diagnóstico penitenciario advertía las fallas, ¿qué acciones concretas se han implementado para evitar que las deficiencias médicas puedan ser influyentes en las pérdidas de vidas?
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