El exboxeador mexicano Julio César Jr., hijo del legendario campeón de boxeo, fue detenido por autoridades mexicanas el 18 de agosto de 2025 e ingresado al Centro Federal de Readaptación Social (Cefereso) número 11, un penal de máxima seguridad ubicado en Hermosillo, Sonora, tras ser deportado desde Estados Unidos.
La detención del pugilista de 39 años ocurrió el 2 de julio en Studio City, California, por agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE), quienes lo señalaron como una «grave amenaza para la seguridad pública» debido a su presunta afiliación al Cártel de Sinaloa y una orden de aprehensión vigente en México desde marzo de 2023 por delitos de delincuencia organizada y tráfico de armas, municiones y explosivos.
Chávez Jr. ingresó legalmente a Estados Unidos en agosto de 2023 con una visa de turista B2, la cual venció en febrero de 2024. En abril de ese año, solicitó la residencia permanente basándose en su matrimonio con Frida Muñoz, ciudadana estadounidense y exesposa de Édgar Guzmán López, hijo fallecido de Joaquín «El Chapo» Guzmán.
Sin embargo, el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) detectó declaraciones fraudulentas en su solicitud migratoria, lo que desencadenó su arresto y proceso de deportación acelerada. Además, el exboxeador tiene antecedentes penales en Estados Unidos, incluyendo una detención en 2012 por conducir bajo los efectos del alcohol y sin licencia, y otra en enero de 2024 por posesión ilegal de un arma de asalto.
La Fiscalía General de la República (FGR) confirmó que Chávez Jr. enfrenta cargos en México por su presunta participación en actividades del crimen organizado, específicamente relacionadas con el tráfico de armas.
La presidenta Claudia Sheinbaum señaló que el caso se investiga desde 2019 y expresó su expectativa de que el boxeador cumpla una sentencia en México.
El futuro legal de Chávez Jr. dependerá de las investigaciones en curso y de los procedimientos judiciales en México, donde podría enfrentar una pena de entre siete y 30 años de prisión por los cargos de tráfico de armas, según la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos, con posibles agravantes por delincuencia organizada.
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