La Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (PROFEPA) supervisó la restitución de 165 ejemplares de flora silvestre que habían sido extraídos ilegalmente de su hábitat natural en el municipio de El Cardonal, Hidalgo.
Se trata de 10 ejemplares de biznagas (Echinocactus platyacanthus) y 155 garambullos (Myrtillocactus geometrizans), los cuales fueron asegurados luego de que dos personas los extrajeran de manera ilegal.
La Profepa interpuso una denuncia penal contra las dos personas involucradas, quienes fueron detenidas y puestas a disposición de la Fiscalía General de la República (FGR).
Como parte del seguimiento al caso, la Profepa solicitó al Fiscal Federal la restitución de los ejemplares a su hábitat natural, con fundamento en la Ley Federal de Responsabilidad Ambiental, como una medida para reparar el daño ocasionado.
El pasado 29 de septiembre, personal de la Profepa supervisó todo el procedimiento, que incluyó:
- Traslado de las cactáceas.
- Manejo y carga de los ejemplares.
- Transporte desde Tula de Allende, donde permanecían bajo resguardo.
- Descarga y reincorporación de las plantas.
- Replantación en el sitio donde fueron extraídas, en la comunidad de La Vega, municipio de El Cardonal.
Los propios infractores fueron responsables de cargar, descargar y replantar la totalidad de las cactáceas, bajo la supervisión de las autoridades y con la presencia de representantes de la comunidad.
En el procedimiento participaron personal de la Dirección de Ecología, el delegado de la comunidad, un representante indígena y 10 habitantes, quienes dieron testimonio de la restitución de los ejemplares.
Además, habitantes de la comunidad apoyaron en las labores de plantación para que las cactáceas regresaran al sitio del que fueron extraídas.
La obligación de los infractores no termina con la replantación. Como parte de la medida de reparación del daño ambiental, deberán proporcionar protección y cuidado a los ejemplares hasta que recuperen las condiciones en las que se encontraban originalmente.
Estas medidas de reparación ambiental son independientes de las posibles sanciones que determine la Fiscalía General de la República dentro del proceso correspondiente.
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