Transportistas agremiados a la Confederación Autónoma de Trabajadores y Empleados de México (CATEM) en Hidalgo denunciaron públicamente al presidente municipal de Tianguistengo, Febronio Rodríguez Villegas, por el presunto acaparamiento de los trabajos de acarreo de materiales y maquinaria pesada que se realizan como parte de la reconstrucción del municipio tras los daños ocasionados por la vaguada monzónica.
De acuerdo con los inconformes, los contratos para el traslado de materiales estarían siendo asignados únicamente a una empresa vinculada al alcalde, situación que, aseguran, ha dejado sin oportunidades laborales a los transportistas locales.
Ante este panorama, los camioneros solicitaron la intervención del gobernador de Hidalgo, Julio Menchaca Salazar, para que se garantice una distribución equitativa del trabajo entre los prestadores de servicio del municipio y se evite un presunto monopolio en las obras de reconstrucción.
A través de un comunicado fechado el 20 de julio de 2026, la CATEM Tianguistengo expresó su reconocimiento al mandatario estatal por las gestiones realizadas para impulsar la obra pública y atender la reconstrucción de los daños provocados por la vaguada registrada el año pasado.
En el documento, los transportistas recordaron que durante la emergencia participaron de manera voluntaria con camiones para apoyar en las labores de atención y recuperación del municipio, como parte de una acción de carácter social.
Sin embargo, señalaron que una vez iniciados los trabajos de reconstrucción, los «verdaderos camioneros del municipio» han sido desplazados, pues acusan que el presidente municipal busca concentrar tanto la actividad de transporte como la de construcción.
Los integrantes de la organización pidieron al gobernador intervenir para que la derrama económica generada por las obras beneficie a los transportistas de la región, en congruencia, dijeron, con el principio de que los recursos públicos favorezcan a la población local.
Finalmente, los transportistas reiteraron su llamado a las autoridades estatales para revisar la situación y garantizar condiciones de igualdad en la asignación de los trabajos, al tiempo que respaldaron el mensaje de los gobiernos federal y estatal de privilegiar el bienestar de la población bajo la consigna: «¡Primero es el pueblo!».
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