- La región concentra una de las mayores demandas de atención en materia de protección infantil en Hidalgo
Con la formalización de las Procuradurías Municipales de Protección a Niñas, Niños y Adolescentes (PPMNNA) en Tepeji del Río y Tula de Allende, Hidalgo fortalece su capacidad institucional para atender, proteger y restituir los derechos de la infancia y adolescencia en una de las regiones con mayor demanda en esta materia, tal como ha sido interés del gobernador Julio Menchaca Salazar y de la presidenta del Patronato del Sistema DIF Hidalgo, Edda Vite Ramos.
Durante la toma de protesta de los equipos multidisciplinarios que integrarán ambas procuradurías, el titular del Sistema DIF Hidalgo, Ricardo Alvizo Contreras, destacó que la creación de estas instancias representa un paso importante para acercar los servicios de protección a la población y garantizar una atención más oportuna y especializada.
“Estamos cumpliendo un objetivo que costó muchísimo trabajo, pero que responde a una de las máximas del Sistema DIF Hidalgo: encontrar mecanismos para proteger y, en su caso, restituir los derechos de las niñas, niños y adolescentes”, expresó.
Como muestra de la necesidad de reforzar la atención especializada, informó que entre 2020 y 2025 la Procuraduría estatal de Protección a Niñas, Niños y Adolescentes atendió cerca de 50 mil casos relacionados con vulneración de derechos.
Asimismo, señaló que la región Tula-Tepeji corresponde a uno de los distritos judiciales con mayor demanda en la entidad, por lo que la integración de estas nuevas procuradurías permitirá fortalecer la coordinación entre los distintos órdenes de gobierno para detectar, atender y dar seguimiento a los casos que involucren a niñas, niños y adolescentes en situación de vulnerabilidad.
Destacó que estas acciones forman parte de la estrategia impulsada por la presidenta del Patronato del Sistema DIF Hidalgo, Edda Vite Ramos, para fortalecer las capacidades institucionales de atención a la niñez y adolescencia, mediante la consolidación de estructuras con mayores facultades técnicas y operativas.
Con ello, se busca ampliar la capacidad de respuesta ante casos de vulneración de derechos, ofrecer atención especializada y evitar la revictimización de niñas, niños y adolescentes que requieran acompañamiento institucional.
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