Con el propósito de fortalecer la transparencia, la rendición de cuentas y la integridad en el servicio público, los integrantes del Órgano de Gobierno de la Secretaría Técnica del Sistema Estatal Anticorrupción de Hidalgo emitieron un exhorto dirigido a las administraciones municipales para garantizar el cumplimiento oportuno de la declaración patrimonial de modificación 2026.
El llamado fue acordado por las instituciones que integran dicho órgano colegiado: Secretaría de Contraloría, Poder Judicial del Estado, Congreso del Estado de Hidalgo, Fiscalía Especializada en Delitos de Corrupción, Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Hidalgo y la Auditoría Superior del Estado de Hidalgo, instancias que comparten la responsabilidad de prevenir, detectar y sancionar conductas que vulneren la legalidad y la confianza ciudadana.
Las instituciones integrantes recordaron que la presentación de la declaración patrimonial no constituye una opción ni un acto voluntario, sino una obligación legal inherente al ejercicio del servicio público, establecida en el marco del Sistema Nacional Anticorrupción y en la legislación estatal aplicable.
Asimismo, señalaron que la declaración patrimonial es una de las principales herramientas para transparentar la evolución del patrimonio de las personas servidoras públicas, prevenir conflictos de interés, detectar posibles irregularidades y fortalecer la rendición de cuentas ante la ciudadanía.
En este contexto, se hace un llamado urgente a las cerca de 4 mil personas servidoras públicas municipales que aún no han presentado su declaración patrimonial de modificación 2026 para que realicen este trámite de manera inmediata, considerando que el plazo legal para su cumplimiento concluye el próximo 31 de mayo.
A la fecha, 24 mil 882 personas servidoras públicas ya han cumplido con esta obligación, demostrando su compromiso con la legalidad, la transparencia y el servicio honesto a la ciudadanía.
El Órgano de Gobierno del Sistema Estatal Anticorrupción advirtió que el incumplimiento injustificado de esta obligación puede derivar en procedimientos de responsabilidad administrativa y en las sanciones previstas por la ley, por lo que exhortó a las autoridades municipales y a los Órganos Internos de Control a redoblar esfuerzos de seguimiento y acompañamiento para alcanzar el cumplimiento total.
Las instituciones integrantes señalaron que la rendición de cuentas comienza con el cumplimiento de las obligaciones más elementales del servicio público. Quien administra recursos públicos, toma decisiones gubernamentales o ejerce una responsabilidad en nombre de la ciudadanía tiene el deber de transparentar su situación patrimonial ante la sociedad. No hacerlo representa una falta al marco legal y a los principios de honestidad, transparencia y responsabilidad que deben regir el actuar de toda persona servidora pública.
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