El presidente municipal de Epazoyucan, identificado como Carlos “N”, fue vinculado a proceso por presunta violencia política en razón de género, luego de que se negara a tomar protesta a una regidora suplente cuya inasistencia estaba justificada por motivos relacionados con su maternidad.
De acuerdo con lo determinado por el juez de control, el edil actuó con conocimiento de causa al omitir el procedimiento legal correspondiente, lo que derivó en la apertura formal del proceso judicial en su contra. La autoridad judicial estableció un plazo de tres meses para que se desarrolle la etapa de investigación complementaria.
Este caso representa un precedente relevante en la lucha por el respeto a los derechos político-electorales de las mujeres, al evidenciar prácticas institucionales que perpetúan actos discriminatorios basados en condiciones de género.
Organizaciones defensoras de los derechos de las mujeres han señalado que la maternidad no debe representar un obstáculo para el ejercicio pleno de los cargos públicos, por lo que hicieron un llamado a los ayuntamientos y actores políticos a respetar los principios de paridad y no discriminación.
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