La diputada Claudia Luna, del PAN, presentó una iniciativa de reforma al Código Electoral del Estado de Hidalgo con el objetivo de fortalecer la transparencia en los procesos electorales y garantizar que quienes aspiren a cargos públicos cumplan con sus obligaciones alimentarias.
¿Qué plantea la iniciativa?
Se busca modificar la fracción III del artículo 10 Bis del Código Electoral del Estado de Hidalgo, eliminando la actual declaración bajo protesta de decir verdad y sustituyéndola por la presentación obligatoria de un certificado oficial que acredite no estar inscrito en el Registro de Deudores Alimentarios Morosos.
📊 Contexto Nacional
Aproximadamente el 67.5% de los menores de edad en México no reciben pensión alimentaria tras la separación o divorcio de sus padres, lo que afecta su bienestar, educación y desarrollo.
👉Principales cambios con esta iniciativa:
✅ Obligación de presentar un certificado de no inscripción en el Registro de Deudores Alimentarios Morosos para quienes aspiren a la gubernatura, diputaciones, presidencias municipales, sindicaturas y regidurías.
✅ Sustitución del “formato 7” utilizado en el proceso electoral 2024, el cual permitía una simple declaración sin verificación efectiva.
✅ Opción de regularizarse: Quienes aparezcan en el registro aún podrán participar si acreditan el pago de la deuda, la cancelan o tramitan el descuento correspondiente.
👉 Beneficios de la reforma
▪️ Protección a menores de edad: Se garantiza que quienes aspiren a un cargo público cumplan con sus responsabilidades familiares, protegiendo los derechos de niñas, niños y adolescentes.
▪️ Mayor transparencia: Exigir un documento oficial en lugar de una simple declaración evita falsedades en los procesos electorales.
▪️Cultura de responsabilidad: Envía un mensaje claro de que las obligaciones familiares son tan importantes como las responsabilidades públicas.
▪️Confianza ciudadana: Mejora la percepción pública sobre los candidatos y refuerza la credibilidad de las instituciones electorales.
“Exigir el certificado de no deudor alimentario no solo es una medida administrativa, sino un compromiso con la justicia social, la transparencia en los procesos electorales y la protección de los derechos de los menores”.
La legisladora también enfatizó que esta medida no representará un impacto presupuestario para el estado, ya que el certificado tiene un costo aproximado de 70 pesos, cubierto por los aspirantes, y que incluso podría generar ingresos al gobierno estatal por concepto de pago de derechos.
“Amigas y amigos Diputados, está en nuestras manos ser responsables con todas las mujeres que están allá afuera, que están cargando con una doble o triple carga”, concluyó Luna en su intervención.
¿Qué sigue?
La propuesta será analizada en la Comisión de Legislación y Puntos Constitucionales para determinar su posible aprobación e implementación en futuros procesos electorales en Hidalgo.
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