El panteón municipal de Actopan ya concluyó su vida útil. En pocas palabras: ya no caben más difuntos y, por más que el ayuntamiento le quiera alargar la vida, simplemente ya se convirtió en un problema.
La desidia, o falta de interés de la alcaldesa Imelda Cuellar Cano por habilitar un nuevo espacio, hoy se refleja con la profanación de tumbas y destrucción de lozas, o capillas, por parte de ladrones.
La presidenta municipal mentiría si dice que nunca se comprometió a resolver el asunto de la saturación del camposanto, porque, primero en campaña, como candidata, y luego ya como munícipe, se enteró del asunto y se comprometió a resolverlo.
En el cementerio municipal ya no hay lugar y, lo que es peor, ya se convirtió -no de ahorita sino desde hace varios años- en botín de la delincuencia, la misma que no ha podido controlar en todo el municipio desde el inicio de su gobierno, y que tanto desgaste político le está ocasionando.
Inseguridad que se refleja en el bolsillo de los actopenses, con robos a negocios, a casas habitación, hurtos de accesorios automotrices y asaltos a transeúntes, por citar algunos, que ya tienen cansados a los vecinos.
Los mismos colonos que, ante la incompetencia del Gobierno Municipal para resolver el problema, han optado por integrar grupos de vigilancia para proteger su patrimonio y el de sus familias.
Esta vez, el centro de atención es el panteón municipal, el mismo al que la alcaldía exprime al máximo para obtener recursos, incluso a través de una medida que rechaza la sociedad.
Testigos afirman que, ante la falta de espacio para inhumación, la Presidencia Municipal ordenó sacar los restos humanos para, en el mismo lugar, sepultar los de nuevos difuntos.
“Los huesitos los colocan en una bolsita, a la orilla de la tumba, por si alguien los quiere reclamar”, mencionó uno de los usuarios, quien pidió que no se revele su identidad por temor a represalias.
Legal, o no, es una acción que denigra a las familias, pues la exhumación se lleva a cabo de manera muy discreta, silenciosa y sin el consentimiento de las familias, supuestamente.
Parece que lo que le importa a la alcaldesa Imelda Cuellar Cano es seguir obteniendo dinero del panteón, aunque éste ya esté en colapso.
Por ejemplo, según la ley de Ingresos del Municipio, el costo por inhumación de un cadáver, o sus restos, es de 407 pesos, pero con temporalidad de sólo siete años.
La reinhumación en fosa, capilla o cripta, vale 378 pesos; refrendo por inhumación, 509 pesos; exhumación, 669 pesos.
La tarifas pudieran considerarse “comodas” para la economía familiar, pero en una población de 61 mil habitantes, según el último registro de INEGI del 2020, los ingresos para la alcaldía se elevan muy notoriamente.
No hay una cifra oficial del número de tumbas que prevalecen en el panteón municipal de Actopan, pero lo que sí se sabe, es que son miles, porque la primera sepultura se llevó a cabo en el año 1853.
Lamentablemente, lejos de procurar la apertura de un nuevo espacio en otro sitio, la Presidencia Municipal lo mantiene como un buen negocio, donde no le gasta nada, ni en vigilancia, a pesar de los continuos robos que se registran cotidianamente.
Esta vez, lo exhibió el regidor del Partido Verde, Omar Ramírez, quien dio hasta los nombres de quienes se han robado piezas de las capillas, o lozas.
También ilustró los daños que, al parecer de manera intencional, se han ocasionado a las estructuras religiosas.
Todo, debido a que ni siquiera vigilante hay en el panteón.
A lo que la Presidencia Municipal de Pachuca respondió, a través de un comunicado, que ya se inició la carpeta de investigación correspondiente.
¡Vaya forma de darle solución a un grave problema!