Organizaciones civiles han lanzado una fuerte advertencia sobre las reformas impulsadas por el gobierno de Claudia Sheinbaum, que buscan integrar datos biométricos de toda la población en la CURP como nuevo documento único de identidad nacional. De acuerdo con la Red en Defensa de los Derechos Digitales (R3D), esta propuesta representa una amenaza directa para la privacidad, la seguridad y las libertades de más de 130 millones de personas que viven o visitan México.
Según R3D, las reformas a las leyes generales de Población y de Desaparición Forzada pretenden crear una base centralizada, masiva y obligatoria de datos biométricos. El riesgo, advierten, no solo es técnico: si esta base fuera vulnerada, se podrían desencadenar consecuencias graves como robo de identidad, discriminación e incluso represión.
La organización, que ha documentado durante más de una década los abusos tecnológicos de gobiernos mediante herramientas como el spyware Pegasus, considera que estas medidas abren la puerta a una vigilancia masiva, intrusiva y sin precedentes. Un sistema con “enorme potencial autoritario” que pondría en juego el control estatal sobre la vida de cada persona.
Además, R3D denunció que con estas reformas, fiscalías, el CNI, la SSPC, las fuerzas armadas y otras instituciones tendrían acceso ilimitado a esta información sin filtros de transparencia ni mecanismos de protección ante posibles abusos.
Uno de los puntos más polémicos es que la CURP reemplazaría a la credencial del INE como el único documento de identidad válido, y sería requisito para realizar cualquier trámite, público o privado. Esto podría condicionar el acceso a servicios esenciales y obstaculizar el ejercicio de derechos fundamentales.
La Plataforma Única de Identidad, otro componente del plan concentraría datos no solo personales y biométricos, sino también información sensible en áreas como salud, finanzas, telecomunicaciones y movilidad. El temor es que estos datos sean utilizados con fines distintos a los anunciados, incluyendo vigilancia política o control social.
R3D hace un llamado urgente a no aprobar estas reformas sin un debate amplio, público y con base en evidencia. Insiste en la necesidad de establecer garantías legales reales que protejan los derechos humanos en la era digital.
El avance de estas reformas plantea preguntas fundamentales: ¿puede un Estado garantizar el uso ético de bases de datos tan poderosas? ¿O estamos ante un riesgo de vigilancia sin retorno?
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